Quince estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Los fiscales generales demócratas señalaron que las economías de sus estados se verán dañadas si los residentes pierden tal condición.
Sostuvieron que la decisión de Trump se “motivó, al menos en parte, por razones discriminatorias” contra los mexicanos, que son los principales beneficiarios del programa.
Resaltaron que el Gobierno no ha garantizado a los beneficiarios del DACA que la información que presentaron durante su postulación al programa no será utilizada “para propósitos de aplicación de las leyes de inmigración, incluidos identificación, arresto, detención o deportación de los no ciudadanos”.
El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, afirmó que la medida afectaría a casi 42 mil residentes de Nueva York, les provocaría problemas, separaría familias y generaría un “enorme daño económico al estado”.
Ante ello, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que el DACA fue implementado mediante una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama y no mediante una acción del Congreso.
“Si bien los demandantes en los recursos de hoy pueden creer que una elusión arbitraria al Congreso es legal, el Departamento de Justicia espera defender la posición del Gobierno”, dijo el portavoz Devin M. O’Malley.
La decisión de Trump el martes de poner fin al programa de cinco años creado por Obama dejó el destino de los llamados “dreamers” (soñadores) en la incertidumbre y generó críticas de empresas, líderes religiosos, alcaldes, grupos de activistas, gobernadores y legisladores demócratas.
