Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un escenario muy complicado en los primeros 44 días de su administración, en el que el tema de la escasez en el suministro de gasolina le ha generado un fuerte desgaste social, pero enfrentará a partir del próximo lunes el proceso para la designación del nuevo Fiscal General de la República, lo que pondrá a prueba la autonomía e independencia en la impartición de justicia en México.
Luego del fracaso de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional convocados por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República enfrentó las fuertes críticas sobre la legalización de la Guardia Nacional que, sin estar legislada, el tabasqueño hizo pública la convocatoria.
En los llamados “foros por la pacificación” se reflejó la improvisación, así como la ausencia de un protocolo para el cuidado de las víctimas y sobre todo, la desinformación sobre el contexto local sobre el escenario de la violencia y las desapariciones.
El equipo de López Obrador evidenció un amplio desconocimiento sobre el contexto local donde se realizaron los foros, pero además se creyó ingenuamente que con dicha actividad, se podría manejar fácilmente el tema de la violencia y las desapariciones en el país.
Antes de rendir protesta como presidente de la república, López Obrador señaló en un acto realizado en el Archivo General de la Nación en la Ciuldad de México, la realización de 40 foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional, que serían la base para llevar a cabo una “justicia real” a las víctimas del delito. El fracaso fue evidente. Pero de este tema, ya pocos lo recuerdan.
También el 25 de noviembre del 2018 el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en el campo militar 1, pidió al Ejército Mexicano que lo apoyara para la integración de la Guardia Nacional, lo que desató desde entonces una ola de cuestionamientos de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales y después, el reclamo de gobernadores de oposición que demandaban que el mando fuera del orden civil.
La Cámara de Diputados en donde la mayoría parlamentaria es del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvo que abrir una consulta para dirimir el tema, al que acudieron distintos organismos que van desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta gobernadores de los distintos partidos políticos, para que finalmente López Obrador cediera al reclamo nacional e internacional.
Finalmente el viernes pasado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer durante la audiencia pública en la Cámara de Diputados, el replanteamiento de los términos del diseño original propuesto para la Guardia Nacional, mediante las modificaciones constitucionales para ubicarla en el ámbito civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estos antecedentes relacionados estrechamente con el tema de la seguridad pública van vinculados con el de impartición de la justicia, en el que las declaraciones del presidente López Obrador no han estado ajenas a la polémica.
El perdón para los corruptos del pasado al que también ha llamado como un “borrón y cuenta nueva”, o “empezar de cero”, ha sido decepcionante para un amplio sector de la población mexicana que demanda que se aplique la Ley a secas.
El siguiente capítulo tiene que ver con la designación del Fiscal General de Justicia del país, figura jurídica introducida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien intentó nombrar a un fiscal a modo, de estrecha relación política y personal con el entonces presidente al que se denominó el “fiscal carnal”.
Hoy el presidente López Obrador está obligado a generar las condiciones para que el próximo Fiscal sea genuinamente independiente del Ejecutivo, y pueda con sus acciones, restituir la confianza de los mexicanos en las instituciones impartidoras de justicia.
A partir de este lunes 14 de enero la Comisión de Justicia del Senado de la República comenzará a recibir a los 27 aspirantes a la Fiscalía General que cumplieron con los requisitos publicados y que aparecen en el dictamen de elegibilidad.
De acuerdo con algunos analistas quienes encabezan la lista son el ex panista Bernardo Bátiz, quien fuera Procurador del DF con el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Gertz Manero, ex Secretario de Seguridad durante el sexenio foxista y actual encargado del despacho de la PGR y Verónica De Gyves, única especialista en derecho penal, con amplia experiencia en la procuraduría capitalina y en los juzgados penales.
Entre algunas de las características deseables del perfil del próximo Fiscal General de Justicia destacan: alto reconocimiento social, amplia experiencia en la procuración de justicia y sobre todo, credibilidad y confianza de los mexicanos.
La designación del próximo Fiscal General por parte del Senado de la República en donde Morena es mayoría, reflejará la decisión presidencial de otorgarle una auténtica autonomía e independencia a la impartición de justicia en el país, lo que sería no solamente una especie de antídoto contra la corrupción e impunidad, sino un brazo independiente del Poder Ejecutivo que tanta falta le hace al país.
¿Sucumbirá AMLO a la tentación de imponer un “fiscal carnal” a modo del capricho presidencial?
Al tiempo.
