Unos$ 2,000 MDP podrían reintegrarse por observaciones del gobierno federal

Como parte de la glosa del tercer informe de actividades de la administración de Alejandro Tello, esta mañana la Secretaria de la Función Pública Paula Rey Ortiz Medina, rindió su comparecencia ante las LXIII legislatura, en la que resaltó que al menos 2 mil millones de pesos la Función Pública considera que pudieran ser un monto de reintegro, por observaciones del gobierno Federal.
“Nosotros le estamos apostado a que eso no ocurra, sobre todo si están en riesgo las observaciones que datan de 2016 hacia atrás, incluso tenemos observaciones desde 2009,2010” explicó.
Derivado de estas observaciones comentó que se han tenido mesas de trabajo para en compañía con la Secretaría de la Función Pública, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), de la Secretaria de Salud, y la Secretaría de Obras Públicas, en el que especificó que, en el mes de octubre del año pasado, se envió al gobierno federal documentación que solventaba al menos un monto arriba del 90% de estas observaciones, sin embargo, por el cambio de administración no se revisaron los documentos.
Agregó que, en el caso de la UAZ, son al menos mil millones de pesos observados, aunado a esto, comentó que se busca solventar las observaciones que se tienen en el ramo 23 ya que en el 2017 hubo un acuerdo, donde si las obras de este ramo se habían ejecutado y estaban en operación, el gobierno federal solventaba esta observación.
Aunado a esto, en las supervisiones de obra se han levantado al menos 169 actas circunstanciadas con observaciones detectadas, de las cuales 112 fueron solventadas y 57 están en proceso de atención, aunado a esto explicó que más de 280 obras presentan irregularidades.
Al menos 10 casos de desvío de recursos
Paula Rey explicó que en este periodo se han realizado al menos 44 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de 69 servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y dos particulares, por presuntas faltas administrativas.
Agregó que, de los 44 casos, 16 procedimientos fueron calificados como graves, de los cuales cuatro son por cohecho (sobornar a un juez o a un funcionario público), 10 por desvió de recursos, uno por tráfico de influencias y participación ilícita, y uno por peculado (malversación de los fondos públicos).
Por último, señaló que estos casos fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, y especificó que “ya emitió el Tribunal la primera sanción consistente en una inhabilitación por 10 años a un funcionario de la Jefatura de Oficina del Gobernador”. Asimismo, mencionó que de las 28 faltas calificadas como no graves, derivaron en siete resoluciones sancionatorias para 12 servidores y ex servidores.