Por Juan Gómez
Director general de Pórtico
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas emitiera la recomendación a las autoridades penitenciarias zacatecanas respecto a la violación que sufriera una mujer por parte del jefe de custodios en la cárcel distrital de Calera, Zacateas, el caso llegó a los medios de comunicación locales y después a los de la Ciudad de México, de donde se disparó al ámbito nacional y el escándalo alcanzó grandes dimensiones.
El caso sucedido en el año 2018 alcanzó niveles impresionantes casi dos años después debido a que las autoridades gubernamentales, jamás le prestaron la atención debida en materia de derechos humanos, justicia, seguridad y menos aún mediáticamente.
El gobierno zacatecano no ha pulsado la importancia que tienen los medios locales y su trascendencia en la opinión pública, pero cuando los temas trascienden a la prensa nacional, muestra la debilidad en el manejo de las crisis mediáticas.
¿Cómo es posible que un hecho tan vergonzoso se haya viralizado después de casi dos años en la prensa nacional y en las redes sociales?
La historia tiene su origen en un 21 de agosto de 2018 cuando una mujer (se reserva su identidad personal) fue detenida y remitida a la cárcel distrital del municipio de Calera, Zacatecas, en donde fue recluida hasta el 14 de septiembre de ese año, cuando terminó su audiencia pública oral y fue trasladada al penal femenil de Cieneguillas.
Durante ese lapso de reclusión hasta su traslado, la mujer acusada de secuestro agravado, fue objeto de constantes violaciones presuntamente por el jefe de custodios de la citada cárcel distrital, quien la tenía amenazada para evitar su traslado.
¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?
Cuando su familia lleva la queja a la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Zacatecas y esta hace la recomendación respectiva en el mes de diciembre del 2019, el tema trasciende y estremece a la opinión pública nacional.
Pero el caso refleja el fracaso del gobierno zacatecano en varios aspectos:
- En su sistema carcelario
- La protección institucional
- En el Estado de Derecho y el combate a la impunidad
- En la debilidad institucional
Es evidente que el sistema carcelario o penitenciario está resquebrajado. Hay muchos botones de muestra que así lo demuestran a lo largo de los últimos 20 años en las cárceles zacatecanas.
No bastó la construcción de un Centro de Readaptación Social en Cieneguillas que sustituyera al penal que se hallaba en el centro histórico de la ciudad. Solo se trasladaron todos los vicios y excesos; las violaciones y las componendas; los privilegios y los sometimientos.
A lo largo de su historia el penal de Cieneguillas ha registrado fugas masivas, selectivas, encarcelamiento de custodios; violaciones a la seguridad, asesinatos de reclusos y de directivos del penal, “suicidios”; control de la delincuencia organizada, etcétera.
Lo que sucedió en la cárcel distrital de Calera es solamente un ejemplo del descuido y la desatención del sistema penitenciario estatal.
Es impresionante constatar que los responsables de mantener el orden y la seguridad en un centro penitenciario, sean los principales violadores de la integridad de quienes ahí purgan una condena, en especial las mujeres.
La fuga del jefe de custodios es solamente un ejemplo de la protección institucional que se les da de hecho, a quienes han generado en el sistema carcelario estatal, una red de corrupción.
El gobierno del estado de Zacatecas está obligado a garantizar el Estado de Derecho en el la entidad federativa, pero es a todas luces notable que esto no ha sucedido, al contrario, la impunidad campea en el ámbito institucional.
Fue hasta el pasado jueves 13 de febrero del año en curso que, después del escándalo y de las duras críticas desatadas en noticieros de la Ciudad de México, el gobierno del estado convocó a una conferencia de prensa que encabezaron el secretario General de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández; la Secretaria de la Mujer, Adriana Guadalupe Rivero Garza y la Fiscal Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, Fátima Xóchitl Encina Arroyo, para intentar dar respuesta a lo que había sucedido.
No convencieron. Las versiones fueron contradictorias y contrastantes con el informe rendido por la CEDHZ y la versión del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Arturo Nahle García.
La respuesta fue la clásica de todos los gobiernos: destituir al director de Prevención y Readaptación Social, Adán Jiménez Solano y del director del penal de Calera, Ricardo Serrano.
El presunto culpable jefe de custodios está libre, al igual que todos los que directa e indirectamente conocieron del caso y tuvieron una responsabilidad.
Eso es todo. Fin de la tragedia y de la violación.
Al tiempo
