Por Carlos Alvarado Márquez
La Constitución mexicana no deja lugar a dudas. El artículo 27 señala que la expropiación solo procede por causa de utilidad pública y mediante indemnización previa, justa y proporcional. La Suprema Corte ha reiterado en múltiples precedentes que el pago debe ser efectivo y anterior a la ocupación y que el afectado tiene derecho a un procedimiento con garantías de audiencia reales, no de adorno.
La nueva reforma en Campeche hace exactamente lo contrario. Autoriza la ocupación inmediata de bienes privados sin resolución firme, sin pago previo y con un plazo de defensa de apenas cinco días hábiles. Como si la consigna fuera “defiéndete rápido que la retroexcavadora no se detiene”.
Los recursos administrativos desaparecen y el único camino es el amparo. El avalúo queda en manos del propio gobierno que se vuelve juez y parte. Y si el afectado no cobra en tres años, el dinero se lo queda el Estado. Con este diseño, la indemnización no es previa, no es justa y tampoco es segura. Es como ir a un restaurante, que el mesero se coma tu platillo y encima te diga que regreses en tres años por el cambio… si todavía está en la caja.
Desde la perspectiva del control de convencionalidad, la reforma choca con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la propiedad privada y exige indemnización justa. Bajo el principio de proporcionalidad, el riesgo es todavía mayor: el ciudadano puede estar litigando mientras el gobierno ya ocupa su bien.
Lo que se normaliza no es un procedimiento administrativo más ágil sino la arbitrariedad expropiatoria. Hoy ocurre en Campeche gobernado por Morena, mañana podría ocurrir en Zacatecas donde suelen cortar con la misma tijera. La propiedad privada se reduce entonces a una concesión revocable al antojo del poder público.
La moraleja es amarga, pero inevitable: quien aplaude expropiaciones exprés pensando que nunca le tocarán, debería ir guardando las llaves… porque quizá mañana descubra que la verdadera “transformación” es ver a tu casa convertida en oficina de gobierno.
