Por Juan Antonio Pérez
Donde hay poca justicia
es un peligro tener la razón.
Francisco de Quevedo (1580 – 1645)
Algunas manifestaciones de fascismo han aparecido en la UAZ, cuando creíamos que su erradicación estaba concretada luego del conflicto de 1977. Un estridente grupo de docentes universitarios, pequeño por fortuna pues no llegan a veinte, en abyecto servicio al poder político, recurre a la minimización del diferente a través de la calumnia, el insulto, la violencia digital, la provocación y la discriminación: denigrar para justificar el exterminio. Se echa mano así de una de las herramientas favoritas del nazismo.
La prudencia lleva a los académicos universitarios guardar sus opiniones para no exponerse a la virulencia de este compacto colectivo. La guerra legal es una de sus estrategias y de ello se nutre la presente colaboración. La primera de las incógnitas es la fuente de financiamiento que les permite pagar a los abogados necesarios para mantener ocho demandas en contra de la dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la UAZ.
Es un hecho incontrovertible que Justicia y Ley no son sinónimos. Las leyes a las que está sujeta la humanidad, incluso aquellas a las que se les atribuye origen divino, son imperfectas, incompletas y puedne llegar a ser hasta internamente contradictorias. Por esta razón las judicaturas son necesarias, pues son ellas las que aplican la ley con el fin de administrar justicia. La ley es un objeto formal, mientras que la justicia es un concepto intrínsecamente humano de naturaleza moral.
Cada juez tiene una percepción propia de lo justo, que se construye de su extracto social, étnico, su formación académica y su entorno familiar, entre muchas otras circunstancias. De ahí la necesidad de jueces que estén más conectados con la gente que con el dinero y el poder; el mecanismo capaz de lograr esa conexión es algo que en México se encuentra todavía bajo observación y experimentación.
La ley perfecta, completa y libre de contradicciones no existe, y no es posible que exista, por lo que la intervención humana es indispensable. El matemático húngaro Kurt Gödel (1906 – 1978) demostró matemáticamente la imposibilidad de dotar a la Aritmética de un cuerpo axiomático que sea simultáneamente completo y consistente. Es de esperarse pues, que un sistema de principios generales como es el caso de una ley, adolezca de la misma imperfección. No hay ley perfecta.
Y esta debilidad jurídica es una de las herramientas más poderosas en manos del fascismo, que cuela su perversidad por las grietas de los ordenamientos legales, tal es el caso del gobierno de los Estados Unidos, que recurre a la guerra legal (lawfare) con el único fin de desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional. El imperialismo promueve así sus intereses financieros aplastando la justicia internacional, masacrando pueblos e inundando grandes zonas del mundo con hambre y enfermedad. Cuando se tiene el poder económico y contubernios con el poder, la estrategia es judicializar la política o si se prefiere, politizar la ley. Todo el que no se encuentre en esa privilegiada esfera pierde.
Imitando los más obsceno e insalubre de esta forma de proceder, una de las facciones universitarias, habiendo perdido el control del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), ha entablado una cantidad descomunal de demandas judiciales en contra de la actual dirigencia que sobrepasa cualquier límite razonable, tanto por su cuantía como por su naturaleza: civiles, penales, administrativas y laborales. Las causas son irrisorias y están destinadas a fracasar. El grupo que las interpone lo sabe de antemano, no hay posibilidad razonable de éxito, vale entonces preguntarse por el verdadero propósito de invertir el tiempo y el dinero que la dinámica procesal consume.
Las administraciones sindicales previas se han caracterizado por la opacidad en el ejercicio, así como por el uso patrimonial tanto de los bienes de la organización sindical como de los recursos financieros que constituyen el ahorro de los miembros. El mecanismo mediante el cual pretenden recuperar el control de la dirección gremial es simple, elemental, básico, primitivo: inmovilizar, hacer que la diferencia no sea notoria, pues de lo contrario se incrementaría la preferencia entre los agremiados hacia esta nueva opción.
El resto de la estrategia es aún más básica: denunciar la inmovilidad que ha sido provocada: el típico ladrón que pide atrapar al ladrón. La acusación en la que más énfasis se invierte es la relacionada con la adquisición de un inmueble que incrementa de forma importante el patrimonio sindical y posibilita llevar a la práctica anhelos que tienen que ver con la atención a los jubilados, impulsar el deporte y la recreación, así como la celebración de eventos artísticos, culturales y científicos. Se exagera el hecho de haber realizado la compra sin consultar en asamblea.
La falta de consulta es, ciertamente, un error muy menor que se ha magnificado a niveles que superan con mucho lo sensato. El inmueble en cuestión tuvo un costo de 32 millones de pesos, que la fundación, cuyo capital es muy cercano a los mil millones, otorga en préstamo pagadero a 12 años con tasa preferencial. Es decir, la fundación le presta al SPAUAZ el 0.3% de su capital.
La asamblea, máxima autoridad sindical es una figura inoperante, se complica recordar la última vez que una de estas reuniones fue celebrada. No hay siquiera un inmueble capaz de albergar a los ya más de tres mil afiliados, y por otra parte, la premura de la licitación aunada a la amenaza siempre latente del grupo beligerante que se opone a todo, llevó a la dirigencia sindical a proceder sin la consulta. Fue un error, es cierto, pero completamente explicable y justificable. Puede verse en el ánimo universitario que cuenta además con la aprobación mayoritaria, siendo cuestionada en el ámbito judicial por 13 agremiados, uno de los cuales ni siquiera es miembro de la fundación: es decir, ¡el 0.5% de los agremiados cuestiona la compra!. Y ese microscópico grupito llama delincuente y prófuga a la secretaria general, mientras que minimiza el abuso sexual cometido por el ex rector. Su escala de valores no es, en definitiva, la mejor posible.
Este mismo nano colectivo criminalizó a los valientes estudiantes que exigieron la salida del abusador convicto y confeso. Los alumnos los superaron ampliamente en número, y por supuesto también en congruencia y claridad, pues fueron capaces de paralizar la institución patentizando su legítima exigencia al defender con una gran solidez argumental los principios éticos de nuestra máxima casa de estudios.
El segundo informe de actividades de la Dra. Jenny González al frente del SPAUAZ es un acontecimiento de gran relevancia en el panorama universitario de nuestros días. Es de resaltarse, porque sin que se tenga obligatoriedad estatutaria para ello, se ofrece por segunda ocasión, y contiene el informe de la secretaría de finanzas y patrimonio, que los ordenamientos sindicales si contemplan. La incongruencia de los mercenarios procesales llega al extremo de calificar este informe, que no únicamente satisface la obligación, sino que extiende el cumplimiento, como una muestra de opacidad en el manejo sindical. Cuando se les ofreció la documentación relativa a la compra del inmueble, lo que estuvieron exigiendo con singular estridencia, se negaron a recibirla. Han solicitado información con la misma beligerancia, y cuando se informa, no dudan en calificar el acto como gasto innecesario y excesivo.
Por vez primer en la vida sindical, la representación sindical hace públicas las minutas de la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción, ventilando los mecanismos de ingreso. A pesar de ello se sigue acusando de opacidad en el ejercicio, bajo la divisa del ministro nazi Joseph Goebbels (1897 – 1945): “Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad”. Apegados a la metodología fascista.
Nada es satisfactorio para estos buscabullas, cuyo propósito es el conflicto, porque el caos abre la puerta para la intervención del poder político. Esa es la función del mercenariazgo. Recordemos que quienes demandan la celebración de asamblea, impidieron en varias ocasiones su realización. Este uróboro político que muerde reiteradamente su propia cola, sirve al conflicto, al desencuentro y para ello se vale de la inmoderada calumnia, el insulto más abyecto y de la provocación más descarada. Buscan denodadamente que se les agreda para victiimizarse magnificando el hecho. Por fortuna, lo han conseguido en muy contadas y limitadas ocasiones, gracias a la prudencia de la mayoría de los académicos universitarios.
El vocablo universidad hace referencia a universalidad, la disidencia es lo propio de la vida académica, porque de la confrontación de ideas se obtiene la posibilidad del acuerdo, de la coincidencia por encima de la diferencia. No hay lugar en la universidad par el permanente conflicto, ni espacio en la consciencia universitaria para la enemistad. No se trata, en caso alguno de ignorar las discrepancias, sino de resolverlas con inteligencia y generosidad, con humildad y entrega.
La presencia del rector en funciones en el segundo informe de la Dra. González es digna de reconocimiento y aplauso. En el uso de la voz declaró “para resolver la grave crisis institucional, tenemos que estar juntos”. Esta expresión, tan breve y sencilla es altamente significativa; representa un acercamiento en la diferencia, cortesía en la discrepancia, en resumidas cuentas, civilidad universitaria.
No nos engañemos, no es el fin de la conflagración, sino apenas un pequeño paso que los universitarios podemos secundar o denostar, pero que es definitivamente imposible ignorar. El Dr. Flores de la Torre, en su breve ejercicio, entregará una pesada estafeta el rector electo Dr. Ángel Román, que queda moralmente emplazado a decidir por alimentar el conflicto interno o por cerrar filas con la comunidad para hacer surgir a la institución, de entre sus propias cenizas en émulo del Ave Fénix.
Agradezco al Dr. Gerardo Miramontes por las conversaciones sobre el tema y por subrillante texto “Lawfare o terrorismo legal en la UAZ” de fecha 18 de mayo de 2025, publicado en el boletín de Jubilados del SPAUAZ, vol. MMXXV, No. 1602.
