ZACATECAS.– De las 16 mujeres rescatadas durante el fin de semana en Fresnillo, víctimas del delito de trata de personas en su modalidad prostitución, una de ellas es de Guatemala y el resto son de los estados de Durango, Tlaxcala y Zacatecas, además ninguna contaba con ficha de búsqueda informó el Fiscal General de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya.
“No hay ninguna que cuente con ficha de búsqueda, una persona es de nacionalidad guatemalteca, de acuerdo con información que cruzamos con la Instituto Nacional de Migración, su estancia es legal en el país”, declaró.
En referencia a los 17 detenidos en los operativos realizados en dos hoteles de la zona centro en El Mineral, informó que este martes se tiene programada la audiencia inicial, en la que la Fiscalía busca la imputación de los delitos de narcomenudeo, contra la salud y trata de personas en su modalidad de prostitución; entre los detenidos se encuentran los encargados de los hoteles.
Destacó que en este hecho todas las involucradas, es decir, víctimas y presuntos responsables, son mayores de edad, además Camacho Osnaya refirió que en el tema de trata de personas la fiscalía especializada en este tema, cuanta con una línea de investigación para determinar responsabilidades.
En estos operativos también se logró el aseguramiento de dinero en efectivo superior a los 200 mil pesos.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PARA VERICAR DE ESPACIOS.
Ante estos hechos el fiscal informó que los dos inmuebles quedaron asegurados e hizo el llamado a las autoridades municipales, a realizar acciones de verificación de los espacios y el cumplimiento a las normas de sanidad en el rubro de hoteles y moteles.
“Es necesario que todas las instituciones nos enfoquemos y seamos más estrictos en el funcionamiento para prevenir hechos que afecten a la sociedad”, recomendó.
Esto derivado a que no solo se enfrente a la comisión de un delito sino “a un tema de sanidad, incluso se puede dar un tema de contagios de distintas enfermedades, por eso es importante; estamos hablando de que están afectando el libre desarrollo de las personas, tanto de las que son explotadas sexualmente como las personas que puede ir a solicitar servicios de manera ilícita”.