En México, la lista de personas bajo la lupa por parte de la Secretaría de Hacienda incluye a más de 2 mil servidores públicos, cuya actividad financiera es vigilada dentro y fuera del país, así como las de su cónyuge, concubina o concubinario, y las personas con las que mantengan parentesco hasta segundo grado.
También incluye personas morales con las que tengan lazos patrimoniales.
Todas las instituciones del sector financiero están obligadas a reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiera las operaciones que realizan los bancos, casas de bolsa, afores, centros cambiarios, almacenes de depósito, entre otras, y en especial las Personas Políticamente Expuestas.