Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online
En los últimos años hemos escuchado hablar sobre el tema del Estado fallido en México, a causa de la incontenible violencia que se vive en diversas zonas estratégicas de nuestro país, sobre todo después del inicio de la llamada Guerra contra el Narco que encabezó Felipe Calderón.
El llamado autogobierno que se vive en el sistema carcelario en el país es otro de los temas recurrentes en distintos medios de comunicación, fenómeno que surge a raíz del control que ejercen células del crimen organizado en los llamados oficialmente centros de readaptación social en distintos estados del país.
Estos temas predominan en la opinión pública porque son solamente un botón de muestra de la fragilidad de las instituciones del Estado mexicano, a cuya clase gobernante se le ha ido de control la corrupción que avanza y crece no solo en la esfera pública, sino que permea también en el ámbito privado.
La preponderancia del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial es lo que ha minado la razón de ser de estos dos últimos poderes, que deberían servir de contrapeso ante los excesos o vicios del primero.
Pero no es así. La sumisión y control es una constante que se repite a lo largo y ancho del país, en donde los señores feudales (léase gobernadores estatales) procuran tener el control de ambos poderes para evitar ser fiscalizados y sancionados ante las irregularidades o abusos de sus administraciones.
Los presidentes municipales ejecutan la misma lección: cooptan a los regidores para obtener el control del Cabildo, al igual que la sindicatura del ayuntamiento, con la finalidad de que se aprueben –por unanimidad, claro- todas las sesiones y así quede asentado en el acta su voluntad.
Ese desequilibrio que hoy vivimos en el país es un ingrediente de la gran inestabilidad que se registra en amplias zonas de nuestra geografía nacional, y constituye también, parte del encono social que hoy se manifiesta en las calles de las principales capitales entre las que se incluye la Ciudad de México.
Si falla el contrapeso, se genera el desequilibrio.
¿Cómo puede el Poder Legislativo desaforar a un gobernante para enjuiciarlo, si tiene el control de la mayoría del congreso? Es impensable.
Ante esta constante la sociedad mexicana muestra su impotencia ante el aparato de gobierno –federal o estatal- y debido a la disfunción gubernamental, manifiesta su descontento, enojo que después se transformará en odio social, ante las agresiones que recibe, por ejemplo de ladrones, secuestradores o violadores. Los linchamientos empiezan a emerger en algunas comunidades o zonas del país, ante el acoso de la delincuencia.
Si esto observamos en el ámbito social vayamos ahora a lo político, en donde por ejemplo, la Reforma Educativa fue un golpe al avispero disidente magisterial, en donde se ha interpretado a esta iniciativa presidencial sólo como un instrumento de control y castigo gubernamental para favorecer al sindicalismo oficial.
Ante este tipo de manifestaciones el gobierno de la República utiliza la fuerza del Estado para acallar las disidencias, las voces que denuncian que la Ley no se aplica de manera equitativa y pareja con todos los líderes sindicales de este país, que son usados como instrumentos de control político y como máquinas electorales a favor del gobierno en turno.
En Zacatecas se vive una situación similar a la de la gran mayoría de los estados del país, puesto que la primera acción de todo gobernante, es tener el control del partido que lo llevó al poder público, así como de la mayoría del congreso y del Tribunal Superior de Justicia.
La actual 61 legislatura zacatecana tuvo la oportunidad de convertirse en un auténtico contrapeso ante el Ejecutivo, por ejemplo cuando se formó en noviembre de 2013 la fracción opositora “Por un Zacatecas para Tod@s” integrada por el PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
El objetivo inicial era impulsar un presupuesto participativo que impulsara el desarrollo del estado, establecer una agenda parlamentaria conjunta, así como borrar la percepción ciudadana de que “los diputados son empleados del gobierno”.
La apuesta legislativa opositora no rindió buenos frutos.
La polémica solicitud de empréstito del gobernador Miguel Alonso Reyes de hasta por 3,200 millones de pesos, acabó con el deseo de ser un auténtico contrapeso del Ejecutivo. Finalmente el 30 de diciembre de 2015, 27 de 30 legisladores aprobaron más deuda pública para Zacatecas por el orden de 2 mil 50 millones de pesos.
El llamado “bloque opositor” había fracasado y cedido a las pretensiones gubernamentales.
Lo mismo sucedió la semana pasada con la designación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). Para tal efecto se inscribieron 13 aspirantes, de los cuales se eliminaron fast track ocho, sin informarles las causas de la depuración, y se integró una quinteta de la que surgiría la tercia que sería votada por la 61 legislatura para nominar al nuevo Ombudsman zacatecano.
Algunos diputados y diputadas denunciaron que el proceso estaba viciado porque cuatro de los integrantes de la quinteta eran empleados del gobierno, lo que restaría independencia y autonomía a la designación.
Pese a los cuestionamientos públicos, los diputados y diputadas terminaron votando el jueves pasado por María de la Luz Domínguez Campos, Directora de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de Zacatecas.
¿Por qué en unas cuantas horas terminaron cambiando su postura y ofreciendo su voto a favor de la línea mayoritaria priista?
La ausencia de políticos y políticas coherentes, que mantengan sus convicciones firmes y que no sucumban a la cooptación gubernamental, es lo que también reproduce esa corrupción y conflicto de intereses, que debilitan los contrapesos en la vida pública nacional y estatal.
¿Cuál es el recurso que tienen los ciudadanos ante esta debilidad institucional, ante los oídos sordos de funcionarios y legisladores que anteponen sus intereses a los de una sociedad harta de la impunidad, la corrupción y de falta de representatividad en los órganos autónomos y de gobierno?
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