La ministra de Defensa de Japón, Tomomi Inada, dimitió este jueves de su cargo salpicada por un escándalo de ocultación de datos sobre la misión de las tropas japonesas en Sudán del Sur.
El primer ministro, Shinzo Abe, ha aceptado su renuncia y pondrá al frente de esta cartera al titular de Exteriores, Fumio Kishida, hasta el próximo 3 de agosto, cuando el jefe de Gobierno tiene previsto anunciar una reforma de su Gabinete para atajar su aguda caída de popularidad.
Inada, considerada una figura muy cercana a Abe por su visión conservadora, ha dicho que ha dimitido porque se ha sentido “responsable” del escándalo pese a que un comité interino determinó hoy mismo que ella no jugó ningún papel en el caso.
Inada, de 58 años, consideró no obstante que lo sucedido es “muy lamentable” y que “Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) deben reflexionar” al respecto, según declaraciones recogidas por medios nipones.
Abe, por su parte, pidió perdón al pueblo japonés por el caso y aseguró que está buscando a un sustituto adecuado para el cargo.
Uno de los candidatos con más posibilidades es Itsunori Onodera, que ya fue ministro de Defensa con el propio Abe entre 2012 y 2014, según han informado a la agencia Kyodo fuentes del Gobierno y del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD).
El escándalo sobre la ocultación de datos se inició el diciembre cuando el Ministerio aseguró que se habían destruido los registros sobre la participación de las tropas japonesas en la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur, país del que se retiraron en mayo.
Dichos registros, que no fueron destruidos, desvelan varias situaciones de tensión vividas por las Fuerzas de Auto Defensa ante el deterioro de la seguridad en el país africano.
Se cree que el Gobierno ocultó voluntariamente los datos para que éstos no malograran un polémico cambio legislativo que entró en vigor el año pasado y que permite a las tropas japonesas recurrir a las armas en una misión exterior por primera vez desde la II Guerra Mundial.
Dicha reforma, destinada a aumentar el peso internacional de las fuerzas niponas, supuso la modificación más importante en materia militar en Japón en más de 60 años, y dividió a la sociedad puesto que para muchos japoneses la medida vulneraba el carácter pacifista de la Constitución nacional.
