Código Político
Paso a los ciudadanos
Por Juan Gómez
El nombramiento como gobernador interino en el estado de Guerrero del ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, abre el espacio a la participación de la sociedad civil a los puestos de gobierno y de representación popular, ante el desgaste de una clase política que fracasa en su función de dar certeza jurídica, justicia y desarrollo a la sociedad mexicana.
Los partidos políticos que gobiernan en el país y que predeterminan la designación de los responsables ante los organismos autónomos, muestran un serio desgaste en la legitimidad y en sus métodos de conducir al país.
El estado de emergencia en el estado de Guerrero pone de manifiesto la crisis de los partidos políticos y sus métodos de conducción de la vida pública, puesto que la desaparición forzada de 43 normalistas de la Ayotzinapa y la estela de fosas clandestinas, desnudan el fracaso no solo de un gobierno estatal, el de Ángel Aguirre Rivero (PRD) sino el del municipal y aún más, el del federal de Enrique Peña Nieto (PRI).
“Chilpancingo, Gro.- Los cadáveres encontrados en fosas clandestinas de Guerrero en lo que va de este año suman 152, mientras que 240 personas están desaparecidas, según información del Servicio Médico Forense (Semefo) de la región centro del estado”. (El Universal, 26 de octubre de 2014).
Guerrero es el exceso de un sistema político mexicano que no tiene viabilidad, mientras no modifique los métodos premodernos y suspenda de tajo la utilización de la delincuencia organizada para hacer el trabajo sucio, tanto en el ámbito público como en el empresarial y el electoral.
Ante el ahondamiento de la crisis política que genera la connivencia entre delincuencia organizada y el aparato gubernamental, la clase política que hoy gobierna al país y en la que participan todos los partidos políticos, está obligada a abrir la puerta a los ciudadanos para restituir la confianza del tejido social en una sociedad que ha estado marginada y excluida de la toma de decisiones.
Los partidos políticos no han sido capaces de fortalecer las instituciones públicas y tampoco han generado las condiciones de desarrollo y de independencia alimentaria y financiera, por lo que México cada vez muestra las laceraciones provocadas por un sistema que solo favorece a los grupos de poder económico que concentran más riqueza y poder político.
Pero tampoco hay que engañarnos como sucedió en el año 2000 con la transición política que solo se tradujo en el clásico “quítate tú para ponerme yo” y que resultó ser más de lo mismo.
El triunfo de Vicente Fox Quezada en la elección presidencial del año 2000 no cumplió con la expectativa de una sociedad mexicana cansada por la dictadura de un partido político hegemónico, y se convirtió en una traición a la esperanza de un cambio democrático y de modelo de gobierno.
Fox Quezada y el Partido Acción Nacional quedaron devorados por un sistema político en el que prevalece la corrupción y la manipulación de la pobreza para la compra del voto en los procesos electorales, en los que por cierto, los organismos de defensa jurídica del voto ciudadano, como las fiscalías, procuradurías y tribunales electorales, han sido un fracaso.
Esta fatalidad se extiende hasta las Secretarías de la Función Pública tanto federales como estatales, pues el cambio de nombre solo ha servido para alimentar a una burocracia cómplice de la corrupción que hoy ahoga a los gobiernos en turno.
México no requiere en estos momentos de una burocracia inepta que solo llega por el favor, el acuerdo o la incondicionalidad política, necesita de Hombres de Estado que tengan además de la capacidad y la experiencia, un fuerte compromiso ciudadano y con el país.
Pero aún falta un largo camino por recorrer en un México en donde la debilidad de la política tradicional, ha permitido crecer a una corrupción que ha penetrado en los distintos ámbitos de justicia, seguridad, burocracia y empresarial.
El hoy gobernador interino Rogelio Ortega Martínez es un académico progresista con identidad perredista. Fue subsecretario de Educación durante el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca, pero fue la opción más independiente y ciudadana que obligó a los partidos políticos darle el apoyo en el congreso para asumir el gobierno guerrerense. En el camino quedó Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien era la propuesta de Nueva Izquierda, la corriente que domina al PRD nacional.
La crisis en el estado de Guerrero podría ser el inicio de un cambio en la política mexicana con una mayor apertura ciudadana en los procesos de democratización y de legitimación de los organismos autónomos, pero también el arranque de una inestabilidad que podría desembocar en la ingobernabilidad y la confusión.
Al tiempo.
