Faltan tres semanas para que Donald Trump asuma oficialmente la presidencia de Estados Unidos y la progresista California tiene la armadura puesta, lista para enfrentar cualquier esfuerzo del nuevo gobierno por expulsar inmigrantes indocumentados.
El magnate republicano prometió echar del país a al menos tres millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales y construir un muro en la frontera con México.
Pero con miras a su juramentación el 20 de enero, varias “ciudades santuario” de este estado del oeste estadounidense, donde 2,8 millones de indocumentados están protegidos de persecución, ya comienzan a construir las trincheras.
“Hemos escuchado los insultos, las mentiras y las amenazas… Si quieren llegar a ellos [los indocumentados], tendrán que pasar por encima de nosotros”, lanzó por estos días el jefe de la asamblea legislativa de California, Anthony Rendon, demócrata y de ascendencia mexicana.
Así, y aunque Trump amenazó durante la campaña con cortar importantes y vitales fondos federales a las “ciudades santuario” –que se calcula son unas 300 en todo el país– las autoridades municipales parecen no tener intención de apoyar cualquier iniciativa anti-inmigración del nuevo gobierno.
Lo dijo Ed Lee, alcalde de San Francisco: “está en nuestro ADN ser una ciudad santuario”. Lo mismo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que quiere abrir un fondo de 10 millones de dólares para dar asistencia legal gratuita a los indocumentados, la mayoría hispanos.
Además, el nuevo fiscal general del estado, una especie de ministro de Justicia, es el excongresista Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y el primer latino en ocupar el cargo.
“Si quiere enfrentarse con un estado progresista que está preparado para defender sus derechos e intereses, que venga”, lanzó Becerra, considerado por la prensa estadounidense como el “bulldog” de la administración del gobernador Jerry Brown, que por su lado ha dicho que resistirá a cualquier intento de Trump en alterar sus políticas contra el calentamiento global, defensa de derechos laborales e inmigración.
Los miembros del legislativo californiano, de mayoría demócrata, aprobaron una resolución en la que se “implora” al nuevo presidente y al Congreso republicano que “desarrolle políticas racionales de inmigración” y evite “deportaciones masivas”.
