La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, reformas al Código Penal Federal y a Ley Federal de Telecomunicaciones, propuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que contemplan penas de hasta seis años de cárcel y hasta 300 días de multa, así como la inhabilitación, a las estaciones de radio y televisión y a quienes presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión “fuera de la ley”, es decir, sin autorización o concesión formal.
El vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero, advirtió que el proyecto aprobado es violatorio de la Constitución y tiene como fin criminalizar a los medios comunitarios e indígenas.
Los cambios legales señalan que quienes usen, aprovechen o exploten bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin tener autorización o una concesión, irán a la cárcel; aunado a que pagarán multas de entre 100 y 300 días.
Quienes incurran en esa práctica, también sufrirán el decomiso de sus instrumentos, objetos o productos del “delito, cualquiera que sea su naturaleza”.
Agregan que, quienes sean sancionados por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización de ley, podrán ser inhabilitados para obtener por sí mismo o a través de terceras personas, por un periodo de cinco años.
La presidenta de la Comisión y diputada del Partido Verde (PVEM), Lía Limón, rechazó que esa reforma afecte la libertad de expresión y pidió a quienes se pronunciaron en contra, no confundir “radios”, televisoras o medios “pirata”, con radios comunitarias e indígenas, que están absolutamente reguladas.
En el debate, legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional y el PVEM, se pronunciaron a favor de que la autoridad “revise” la operación de medios públicos y comunitarios, que por ley no pueden comercializar los tiempos que el Estado les asignó.
Incluso, la panista María Verónica Agundis Estrada dijo que “cualquier persona” está realizando transmisiones de radio y televisión, y con el pretexto de que son comunitarias, buscan sacar provecho.
“Últimamente ha habido un abuso, hoy cualquier persona compra un trasmisor de 20 mil pesos con el argumento de que va a tener una labor social y te dice que no está comercializando, que está haciendo menciones solamente”, refirió.
“No debe imperar en el país la ilegalidad; hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal”, agregó el diputado del PRI, Benjamín Medrano Quezada, que también es secretario de la Comisión de Radio de San Lázaro.
