El gobierno de Estados Unidos está en capacidad de otorgar a los inmigrantes en proceso de deportación un defensor público, sin que esto genere algún costo para las arcas nacionales, apuntó la Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York.
En un estudio, la organización indicó que los costos de otorgar un defensor público para los poco más de 300 mil inmigrantes que cada año enfrentan proceso de deportación sin un abogado que los represente sería de 208 millones de dólares anuales.
Destacó que tal gasto sería plenamente compensado por los ahorros, de entre 204 a 208 millones de dólares, que supondría tener un proceso de deportación más eficiente, preciso y que detuviera a los inmigrantes por menos tiempo.
Difundido esta semana, el informe señaló que los ahorros provendrían de los más cortos tiempos de detención, así como de menores gastos por el cuidado de hijos estadunidenses de inmigrantes y del pago de un menor número de pasajes para los individuos deportados.
Elaborado por la consultoría económica NERA, con base en Nueva York, el informe apuntó que de contar con un abogado, muchos inmigrantes concluirían más rápidamente sus casos, tanto si el juez determina que tienen derecho de permanecer en el país como si no tienen oportunidad de ganar.
Destacó además que un abogado haría que más inmigrantes en proceso de deportación ganaran sus casos, lo que disminuiría el número de deportaciones.
En muchas ocasiones, personas que tendrían derecho a permanecer en el país pierden sus casos simplemente por su escaso conocimiento del inglés, o porque carecen de las nociones básicas legales para defenderse.
De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, más de 440 mil 500 inmigrantes fueron mantenidos en centros de detención en el año fiscal 2013, de los que 368 mil fueron deportados.
Del total de inmigrantes detenidos el año pasado en Estados Unidos, más de 70 por ciento, o poco más de 300 mil personas, no contó con representación legal.
