Bernardo Hernández/PórticoOnLine
Medios nacionales y organizaciones defensoras de los derechos civiles mantienen su atención puesta en puntos del mapa nacional como Quintana Roo y San Luis Potosí.
En el primero se aprobó una Ley de Ordenamiento Social que es vista, en resumen, como un atentado a la libertad de manifestación al criminalizar las marchas y la protesta social enjundiosa.
En la entidad potosina, un diputado local anunció que este 27 de marzo presentará una iniciativa similar que busca garantizar el derecho ciudadano a la libre manifestación sin que se vulnere el derecho de libre tránsito de terceros.
La ley aprobada en Quintana Roo y la iniciativa presentada en San Luis Potosí contemplan permitir a las autoridades estatales intervenir en las protestas si se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio o se impide el desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes. Ese mismo argumento fue utilizado en Zacatecas para aprobar un capítulo en la Ley de Tránsito que regula las manifestaciones en la vía pública.
Otro punto en común de la ley y la iniciativa es que la autoridad podrá arrestar y arraigar a quienes profieran injurias, usen la violencia, o lancen amenazas para intimidar u obligar a alguna autoridad a resolver las peticiones de los manifestantes, esto por poner en peligro la economía y la paz social.
La ley de Quintana Roo establece que “Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y. en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
Organizaciones civiles consideran que la ley de ordenamiento y la iniciativa que se presentará en San Luis Potosí son parte de una tendencia que busca limitar las manifestaciones en territorio nacional.
Zacatecas fue un estado pionero de este tipo de medidas gracias al Capítulo IV de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad que entró en vigor en noviembre del año pasado.
El artículo 51, por ejemplo, obliga a los manifestantes a pedir permiso para realizar su marcha, desfile, caravana o cualquier tipo de concentración humana con una anticipación de 48 horas. Quien infrinja esa disposición será objeto de sanciones.
Y el artículo 53, sin ser tan explícito como la ley de Quintana Roo, tiene la misma esencia: Las manifestaciones, desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana, podrán utilizar las vialidades siempre y cuando sea de manera momentánea y no las obstruyan totalmente, ni bloqueen servicios de emergencia o acceso a hospitales o clínicas. Ante el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará en los términos que se establezca en los reglamentos de esta ley”.
Profesores del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano y un líder de exbraceros fueron los primeros aprehendidos por violentar esa disposición.
